Dinero de nuestros impuestos se va a las bolsas de delincuentes disfrazados de funcionarios
En ambos casos, las irregularidades administrativas y presuntamente penales que encontraron el Órgano de Fiscalización Superior de Baja California (OFSBC) y la Sindicatura de Ensenada, terminaron en la cancelación de nuevos recursos por parte de la federación en materia de infraestructura pública, limitación que sirvió de justificación al gobierno del estado para pedir la aprobación de la controvertida Ley de Agua de la entidad.
También se presume que el dinero público que se desvió en la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Ensenada (CESPE) y el XXI Ayuntamiento de Ensenada, y que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) solicitó se reintegre a la Tesorería de la Nación, se usó de manera ilegal en el pago de gasto corriente y nómina de las entidades señaladas como culpables de los presuntos delitos de uso ilícito de atribuciones y facultades, abuso de confianza, peculado, ejercicio ilícito de ejercicio público, y desviación de recursos.
Las cuentas bancarias que la CESPE y el ayuntamiento que presidió Gilberto Hirata Chico utilizaron para depositar y administrar recursos públicos por un monto cercano a los 90 millones de pesos, reportan saldos al 26 de diciembre pasado que no representan ni el 97 por ciento de esa cantidad.
En la CESPE, las irregularidades las denunció el ex auditor superior de fiscalización del estado de Baja California, contador público Manuel Montenegro Espinoza, quien al revisar la Cuenta Pública de la paraestatal en 2014 observó que Arturo Alvarado González, entonces titular de la comisión y ex coordinador de la campaña a la gubernatura del mandatario Francisco Vega de Lamadrid en Ensenada, no corrigió irregularidades que el 8 de septiembre de 2016 impidieron al Pleno del Congreso local aprobar la Cuenta Patrimonial de la entidad.
Los hechos ilícitos que condenaron el fiscalizador estatal y la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) se remontan a los años 2011 y 2012, cuando el ingeniero José Alfredo Salazar Juárez era director de la comisión.
Se refieren a la falta de ejecución de obras con recursos que la CESPE recibió del Programa de Devolución de Derechos (PRODDER) -de la CONAGUA- por un monto de 36 millones 959 mil 621 pesos, de los cuales 29.4 correspondían a la cuenta 2011, y 7.4 millones a la de 2012.
El dinero federal de 2011 se asignó específicamente a la realización de infraestructura de agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales, pero la comisión sólo hizo dos obras en la Delegación Vicente Guerrero: 1.- la ampliación del sistema de agua potable 2da. Etapa en la Parcela 40, por un importe de 698 mil 860 pesos; 2.- ampliación del sistema de agua potable en la Colonia Santa Fe por un millón 386 mil 487.
Asimismo compró dos camiones Vactor por un importe de cuatro millones 872 mil 661 pesos, con lo que ejerció 6.9 millones de pesos del total que convino para ese año. Así, dejó de ejercer 29 millones 483 mil 571 pesos.
La irregularidad se repitió al año siguiente. PROODDER otorgó a la comisión ocho millones 107 mil 169 pesos, pero la paraestatal únicamente contrató la obra de reposición de líneas de agua potable en las calles Tercera y Granada del Fraccionamiento Granada; y calle Belgrado de la Colonia Moderna, ambas en la Ciudad de Ensenada, por un importe de 631 mil 128 pesos, lo que dejó obras pendientes por realizar con un valor de 7.4 millones.
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Por la negligente actuación de la paraestatal en ambos casos, la Comisión Nacional de Agua requirió mediante oficios de fecha 8 de julio y 16 de agosto de 2013, la reintegración a la cuenta de la Tesorería de la Federación (TESOFE) de los recursos no acreditados por un importe de 36 millones 959 mil 611, más las “cargas financieras”.
Ni el 20 de octubre de 2015, fecha de la emisión de observaciones hechas a las cuentas de la CESPE por Montenegro, ni el 8 de septiembre de 2016 –cuando el congreso estatal votó el dictamen del OFSBC-, existía evidencia legal de que ese dinero se devolvió a la CONAGUA.
Peor aún. Se desconocía el destino y/o aplicación de esos recursos ya que el total de la aportación por los ejercicios 2011 y 2012 se depositó en la cuenta bancaria número 0420129946 del banco H.S.B.C. México, S.A., que la comisión utiliza como “cuenta general” para pagar gasto corriente como liquidación a proveedores, acreedores, contratistas y líneas de créditos revolventes, entre otros rubros.
Al respecto, el auditor superior manifestó: “(…) dicha cuenta bancaria, al 31 de Diciembre de 2014, reporta un saldo bancario de $ 1’812,848, del cual no fue posible precisar si corresponden o no a los recursos no ejercidos del PRODDER 2011 y 2012”.
En sus reclamos, la Comisión Nacional del Agua determinó que debido al incumplimiento en la devolución de los recursos que no se ejercieron, “(…) la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Ensenada (CESPE) no es elegible para la formalización del programa de acciones y asignación de recursos federales correspondientes al PRODDER, siendo requisito que el Prestador de Servicios esté al corriente en la presentación de sus cierres de ejercicio y reintegro a la TESOFE de los recursos federales no ejercidos”.
Por ello, denunció el congreso de Baja California en septiembre pasado, la paraestatal “dejó de ser elegible para adherirse al Programa PRODDER en los ejercicios fiscales subsecuentes para la ejecución de obras en beneficio del Municipio de Ensenada, hasta en tanto se reintegre el recurso federal y sus cargas financieras correspondientes”.
La ley y el (des)orden
CESPE PROTESTA FALTA AGUA
En sus observaciones a la negativa de aprobación de la Cuenta Patrimonial de la CESPE, Manuel Montenegro expresó dos inquietudes al Congreso de Baja California.
1.- La negativa de reintegrar los recursos a la federación generará un daño patrimonial a la Hacienda Pública de Baja California por el monto de los recursos a regresar y las multas y recargos por pagar.
2.- La presencia de hechos presuntamente delictivos por parte de funcionarios públicos del estado y que sancionan los artículos 214 fracción III, y 217 fracción III, del Código Penal Federal.
El primero de esos artículos (el 214) refiere que comete el delito de ejercicio ilícito de servicio público, el servidor público que:
“III.- Teniendo conocimiento por razón de su empleo, cargo o comisión de que pueden resultar gravemente afectados el patrimonio o los intereses de alguna dependencia o entidad de la administración pública federal centralizada, organismos descentralizados, empresa de participación estatal mayoritaria, asociaciones y sociedades asimiladas a éstas y fideicomisos públicos, de empresas productivas del Estado, de órganos constitucionales autónomos, del Congreso de la Unión o del Poder Judicial, por cualquier acto u omisión y no informe por escrito a su superior jerárquico o lo evite si está dentro de sus facultades”.
Y el segundo (Artículo 217) indica que comete el delito de uso ilícito de atribuciones y facultades el servidor público que ilícitamente:
“III.- (…), teniendo a su cargo fondos públicos, les dé una aplicación distinta de aquella a que estuvieren destinados o haga un pago ilegal”
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Imagen: Internet
Montenegro también cita como normas legales que se violaron, el Artículo 46 fracción II de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Baja California que determina:
“Todo servidor público debe desempeñar su función, empleo, cargo o comisión observando siempre los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia, actuando dentro del orden jurídico, respetando en todo momento la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California y las leyes, decretos y acuerdos que de una y otra emanen”; por lo que deberá “(…)abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio, o implique abuso o ejercicio indebido de un empleo, cargo o comisión”.
Curiosamente, el gobierno del estado no sanciona los reiterados casos de ilegalidad administrativa y/o penal que a lo largo de los años se han cometido en la CESPE, como el daño patrimonial por más de 182 millones de pesos que el director general de la comisión en 1998, el contador público Marco Antonio Carrillo Flores, provocó al cambiar de manera indebida los resultados de una licitación pública en perjuicio de la empresa Tecnología y Control de Desperdicios, S.A. de C.V., débito del cual aún hoy se deben casi 25 millones.
O la no comprobación de gastos y ejecución de obras por 10.1 millones de pesos, en el año 2010 y bajo la dirección del ingeniero José Guadalupe Flores Trejo, para la operación y mantenimiento de las plantas de tratamiento de aguas residuales El Gallo, El Sauzal, El Naranjo y Noroeste de la ciudad de Ensenada, ilegalidad que se saldó con una amonestación a un funcionario de segundo nivel.
Así como el pago total de la obra inconclusa “Equipamiento electromecánico del segundo módulo de la planta de aguas residuales Noroeste, para incrementar su gasto de tratamiento de 28 litros por segundo a 56”, a la Constructora Villalobos, S.A. DE C.V. por 13.5 millones de pesos y durante la dirección de Arturo Alvarado González (2014-2015)
Pero al presentar la privatizadora nueva Ley del Agua de Baja California, el 14 de diciembre, el gobernador Francisco Vega reveló que la nueva norma jurídica es necesaria por la falta de recursos públicos “para garantizar el servicio eficiente a la población”, dar “atención integral” al tema, e impulsar “prácticas responsables y eficientes en el uso, administración y distribución” del líquido.
Ayuntamiento descarriado
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El deterioro del Archivo Histórico de Ensenada es más que evidente, pero el dinero que se depositó para su rehabilitación el ayuntamiento de Gilberto Hirata se lo gastó en otra cosa que hasta hoy no se sabe que fue (archivo).
El segundo paquete de recursos públicos “perdidos” tiene que ver con el Programa federal Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal (FORTALECE) 2016, que tiene como meta generar infraestructura, principalmente pavimentaciones de calles, avenidas y mantenimiento de vías; alumbrado público; drenaje y alcantarillado; construcción, rehabilitación y remodelación de espacios educativos, artísticos y culturales; construcción, ampliación y mejoramiento de los espacios para la práctica del deporte.
En este año, de acuerdo con documentación oficial, los recursos que se asignaron suman casi 32 millones de pesos y se debieron usar en al menos ocho obras: La rehabilitación del estadio “Antonio Palacios”, la construcción de la primera etapa de la ciclovía de la ciudad de Ensenada, la rehabilitación de vialidades (“Los baches van primero”) y la construcción de bebederos de agua potable en 198 primarias del municipio.
Asimismo en la construcción de la biblioteca en la colonia Vista Hermosa, otra biblioteca pública en el ejido El Porvenir, una pista de patinaje en la Unidad Deportiva “Vida Digna” y la rehabilitación del Archivo Histórico de Ensenada.
En sietes de estas obras, con un presupuesto aprobado por 28.6 millones de pesos, se ejerció apenas el 30 por ciento de la inversión pero de esa cantidad sólo se pagó a los contratistas menos del 20 por ciento.
Por ejemplo, en la rehabilitación del Archivo Histórico se aprobó una inversión de cuatro millones 796 mil 163 pesos del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA), pero no se ejerció ni un centavo. Pese a ello, la cuenta bancaria donde se depositó el dinero -13104809971 de ScotiaBank-, al 26 de diciembre de este año tenía un saldo de 308 mil pesos.
Otras cuatro obras –ciclovía, campo Antonio Palacios, biblioteca El Porvenir y pista de patinaje-, que se debieron concluir entre el 10 y el 27 de diciembre de 2016, tenían reporte de un ejercicio por el 41,3 por ciento de la inversión total que ascendió a 12.4 millones de pesos, pero sólo se pagó el 42.9 por ciento de lo que se contrató, es decir apenas 2.1 millones de pesos.
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Gilberto Hirata. ¿Dónde quedaron los recursos federales? (Archivo)
El problema radica en que la cuenta bancaria donde se depositaron los recurso –número 13104809947 del banco ScotiaBank-, solo reportó el saldo de 21 mil 928.22 pesos. Esto también al pasado 26 de diciembre.
El viernes 31 de diciembre vencerá el plazo para ejercer la totalidad de los fondos FORTALECE 2016.
Ante el desconocimiento pleno de cómo y en qué se usaron, y la carencia de recursos en el XXII Ayuntamiento de Ensenada para reintegrarlos a la Tesorería de la Federación el próximo año, miembros del cabildo expresaron su temor de que esto cancele el programa en 2017 y la deuda pública del ayuntamiento con bancos crezca.
“Estamos muy indignados con esta situación. Recibimos de la Síndico Karina Castrejón el compromiso de que se llegará ‘hasta las últimas consecuencias’. Nosotros aplaudimos esta postura y nos ofrecimos a trabajar en conjunto para que así sea, pero creemos necesario crear una Contraloría Ciudadana, promover la eficiencia digital en la Sindicatura, incorporarnos a la brevedad al Sistema Nacional Anticorrupción e incentivar la participación ciudadana en estos temas. No hay de otra”, afirmó el regidor independiente Cristian Vázquez.
Y reveló que en una reunión que sostuvo con la síndico el miércoles 29 de diciembre, ésta se comprometió a terminar, en un plazo de seis meses, los casos más antiguos de la fiscalizadora municipal, entre ellos los juicios administrativos y penales en contra del ex alcalde Enrique Pelayo Torres y el ex tesorero del XXI Ayuntamiento, Samuel Jaime Aguilar, a quien Iván Barbosa Ochoa, ex síndico y actual secretario del municipio, acusó penalmente por el presunto delito de desviación de recursos públicos del Fondo Ramo 33-2016.
PARTE DERECHA
831,000,000
Millones de pesos
Aciende la deuda pública
de Ensenada a Julio del año pasado (2017)
90,000,000
Millones de pesos
Aprobo el cabildo
para cubrir adeudos de 2016
880,000,000
Millones de pesos
Adeudo de Ensenada
a ISSSTECALI
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