La senadora panista Gina Cruz Blackledge, solicito se investigue y en su caso se castigue al exgobernador Jaime Bonilla

La senadora del Partido Acción Nacional (PAN), Gina Cruz Blackledge, solicitó que se investigue y sancione a los responsables de las irregularidades encontradas por alrededor de mil millones de pesos en la Cuenta Pública del 2020 del gobierno de Baja California.

Alrededor de 200 millones de pesos corresponden al Ejecutivo estatal, y el resto a los municipios de Tijuana y Ensenada, correspondientes al periodo del ex gobernador, Jaime Bonilla. La legisladora informó que presentará un punto de acuerdo para exhortar a la Fiscalía General de la República (FGR) y a la Secretaria de la Contraloría y Transparencia Gubernamental de Baja California para que investiguen a detalle y lleve a cabo las sanciones administrativas y penales derivadas de irregularidades detectadas en la Cuenta Pública del 2020, del gobierno de dicho estado.

Cruz Blackledge destacó que la Auditoría Superior de la Federación, en el Informe de Resultados de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2020, encontró múltiples y serias irregularidades en materia de ejercicio del gasto federalizado durante la administración de Bonilla Valdez. “El monto total de las irregularidades detectadas asciende a más de mil millones de pesos, lo que representa un considerable daño al erario. Tan sólo en lo relativo al gobierno del estado se han detectado irregularidades por más de 200 millones de pesos, de las cuales, un alto porcentaje corresponde al sector salud; estas irregularidades son particularmente graves en un entorno de pandemia que ha causado muerte y dolor en el estado”, señaló Cruz Blackledge.

La tercera entrega del Informe de la Auditoría documentó 198 millones de pesos en el sector salud, expuso. Un segundo pliego de observaciones del ISESALUD documenta un probable daño por 57 millones, 319 mil 005.58 pesos, por no proporcionar la documentación comprobatoria del gasto, consistente en remisiones de entrada al almacén con firma y sello de recibido, evidencia fotográfica de los bienes que demuestre la cantidad, caducidad (no debe ser menor de 18 meses), empaques primario y secundario que presenten marca, lote, descripción y leyenda “propiedad del sector salud, prohibida su venta” y que haya utilizado sistema de red fría para su transporte y almacenaje, ni presentaron evidencia que constate que los insumos adquiridos cumplen con los requisitos de calidad establecidos en la Ley General de Salud, comentó la senadora. Otra observación, añadió, documenta un daño por 54 millones, 956 mil 620 pesos en una muestra de 34 expedientes de adquisiciones, arrendamientos y/o servicios.