La salida de quien encabezaba el Instituto Nacional Electoral no debe utilizarse para condenar sin pruebas ni para debilitar a la institución. México necesita investigaciones completas, una sucesión transparente y un árbitro electoral que no responda a ningún partido.
Una renuncia que exige respuestas
Guadalupe Taddei Zavala formalizó el 26 de octubre su renuncia como consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral.
Su salida ocurre en medio de investigaciones y señalamientos relacionados con contrataciones, posibles conflictos de interés y el manejo de recursos públicos.
Debemos ser rigurosos: la existencia de investigaciones no equivale a una sentencia ni permite declarar culpable a una persona antes de que las autoridades competentes examinen las pruebas y resuelvan conforme a derecho.
Pero la presunción de inocencia tampoco debe utilizarse como pretexto para suspender las investigaciones, ocultar documentos o impedir que la ciudadanía conozca lo ocurrido.
La renuncia de una funcionaria no borra los expedientes.
Tampoco sustituye la rendición de cuentas.
La institución debe permanecer
El 27 de octubre, el Consejo General del INE designó por unanimidad a Blanca Yassahara Cruz García como presidenta provisional. Su función será garantizar la continuidad institucional mientras la Cámara de Diputados realiza el procedimiento para elegir a quien ocupará definitivamente la presidencia durante el periodo restante.
Este relevo demuestra algo fundamental: el INE no es una persona.
Es una institución construida durante décadas, integrada por miles de trabajadoras y trabajadores profesionales que organizan elecciones, actualizan el padrón, instalan casillas, capacitan ciudadanos, fiscalizan recursos y permiten la renovación pacífica de los poderes públicos.
Por eso, la crisis no debe convertirse en una campaña para destruir al Instituto.
Quien haya cometido alguna irregularidad debe responder. Pero no debemos confundir la conducta de determinadas personas con el valor de toda una institución democrática.
Defender al INE no significa proteger a sus funcionarios.
Significa exigir que funcione con independencia, transparencia, profesionalismo e imparcialidad.
Ni condena anticipada ni impunidad
En México solemos caer en dos extremos.
Unos consideran que una acusación difundida públicamente basta para dictar sentencia. Otros creen que mientras no exista una resolución definitiva nadie debe hacer preguntas.
Ninguna de esas posiciones ayuda a esclarecer los hechos.
La ciudadanía tiene derecho a exigir que se investiguen las contrataciones señaladas, que se identifique a las personas que participaron en las decisiones y que se conozcan los montos, proveedores, procedimientos y posibles relaciones de interés.
Al mismo tiempo, toda persona investigada tiene derecho a conocer las acusaciones, presentar pruebas y recibir una resolución fundada.
El debido proceso no protege la impunidad.
Protege la verdad frente a las condenas políticas, mediáticas o partidistas.
Si las investigaciones demuestran irregularidades, deberán imponerse las sanciones correspondientes. Si alguna acusación no se sostiene, también deberá aclararse públicamente.
Lo que no sería aceptable es que el cambio de presidencia se convierta en un punto final.
Cinco exigencias desde la ciudadanía
Como ciudadano independiente, considero que este momento requiere cinco compromisos públicos.
1. Investigaciones completas e independientes
La Auditoría Superior de la Federación y el Órgano Interno de Control deben continuar sus investigaciones sin presiones del gobierno, los partidos, las consejerías electorales ni las personas implicadas.
La salida de Guadalupe Taddei no debe cerrar ningún expediente ni excluir de responsabilidad a funcionarios, exfuncionarios, empresas o proveedores.
2. Transparencia en las contrataciones
El INE debe publicar, con las reservas que legalmente correspondan:
- Los contratos investigados.
- Los nombres de las empresas proveedoras.
- Los montos adjudicados.
- Los procedimientos utilizados.
- Las evaluaciones técnicas y económicas.
- Las declaraciones de posibles conflictos de interés.
- Los resultados de auditorías y revisiones administrativas.
La transparencia no puede limitarse a un comunicado que prometa colaboración.
Debe permitir que periodistas, especialistas y ciudadanos revisen los documentos.
3. Continuidad del proceso electoral
La crisis ocurre cuando ya está en marcha el proceso electoral 2026-2027.
Las disputas internas, investigaciones y cambios administrativos no deben afectar la actualización del padrón, la capacitación electoral, la fiscalización, la instalación de casillas ni ninguna de las actividades previstas en el calendario.
La ciudadanía debe recibir información periódica sobre el avance de esas tareas.
4. Una nueva presidencia sin reparto partidista
La Cámara de Diputados deberá designar a la persona que concluirá el periodo correspondiente a la presidencia del INE.
Ese procedimiento no debe convertirse en una negociación para entregar el cargo a una persona cercana al gobierno, a la oposición o a algún dirigente partidista.
Los perfiles deben evaluarse públicamente por:
- Experiencia electoral.
- Preparación técnica.
- Independencia comprobable.
- Ausencia de conflictos de interés.
- Trayectoria profesional.
- Capacidad para construir acuerdos.
- Compromiso con la transparencia.
- Respeto a la pluralidad política.
Las entrevistas deben ser públicas y las decisiones debidamente explicadas.
La ciudadanía necesita conocer por qué una persona es considerada idónea, no solamente qué grupo parlamentario la propuso.
5. Recuperar la conducción colegiada
El INE no debe depender de la voluntad de una sola persona.
Las decisiones de mayor importancia administrativa, presupuestal y electoral necesitan contrapesos efectivos dentro del Consejo General.
La colegialidad no debe ser una palabra ceremonial. Debe impedir la concentración de decisiones, facilitar la vigilancia interna y distribuir responsabilidades claramente.
Si una presidencia puede tomar decisiones relevantes sin controles suficientes, el problema no se resuelve únicamente cambiando a quien ocupa la silla.
También deben corregirse las reglas y prácticas que permitieron esa concentración.
Lo que significa para una persona independiente
Para los partidos políticos, una autoridad electoral deficiente representa un problema.
Para una candidatura independiente puede representar un obstáculo todavía mayor.
Quien participa sin la estructura de un partido necesita reglas claras, plazos ciertos, fiscalización imparcial y procedimientos que no favorezcan a quienes cuentan con grandes aparatos políticos y económicos.
La autoridad electoral no debe ayudar ni perjudicar a nadie.
No debe estar al servicio del gobierno, de la oposición, de los partidos ni de quienes aspiran por la vía independiente.
Su obligación es garantizar un terreno legal e imparcial en el que sea la ciudadanía quien decida.
Por eso, defender la autonomía del INE no significa defender privilegios burocráticos. Significa proteger el voto y las condiciones de competencia.
No utilizar la crisis para capturar al árbitro
La renuncia abre una oportunidad para corregir prácticas, fortalecer controles y recuperar la confianza pública.
También abre un riesgo: que alguna fuerza política pretenda aprovechar el momento para colocar a una persona incondicional al frente del Instituto.
El gobierno no debe capturar al árbitro electoral.
La oposición tampoco.
Mucho menos debe repartirse la institución mediante cuotas partidistas presentadas como consensos.
La persona que encabece el INE deberá demostrar independencia no solamente con palabras, sino mediante su trayectoria, decisiones y disposición para transparentar su actuación.
La confianza no se exige: se reconstruye
La confianza ciudadana no regresará únicamente porque cambie la presidencia.
Se reconstruirá cuando las investigaciones produzcan resultados, los contratos sean transparentados, las responsabilidades se determinen y el nuevo nombramiento se realice sin simulaciones.
También será necesario proteger al personal profesional del Instituto. No sería justo responsabilizar a miles de trabajadores por decisiones en las que no participaron.
Las instituciones se fortalecen cuando pueden investigar sus propias fallas, corregirlas y continuar cumpliendo sus obligaciones.
Una posición ciudadana e independiente
No celebro una crisis en una institución fundamental para la democracia mexicana.
Tampoco considero que defender al INE implique guardar silencio ante posibles irregularidades.
Una ciudadanía responsable debe ser capaz de sostener ambas exigencias:
Investigar a fondo a las personas y proteger la institución.
La renuncia de Guadalupe Taddei no debe ser utilizada para declararla culpable sin resolución, absolverla sin investigación o apoderarse políticamente del Instituto.
Debe ser el comienzo de un proceso de esclarecimiento, corrección y fortalecimiento institucional.
Soy José Alfonso Ramírez, ciudadano independiente.
Creo en una autoridad electoral que no tenga dueños, favoritos ni adversarios; que aplique las mismas reglas a los grandes partidos, a las organizaciones pequeñas y a quienes decidan participar por la vía independiente.
Las personas ocupan temporalmente los cargos. El voto pertenece siempre a la ciudadanía.
Deja tu comentario